EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Declaratoria de Inconstitucionalidad es una institución de garantía que responde a la competencia establecida en el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá.

En Panamá, los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad están directamente relacionados con las atribuciones constitucionales y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como órgano de control previo y posterior de la constitucionalidad, mas no con la existencia de una tipología de sentencias constitucionales1 puesto que el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución solo permite estimar o no la inconstitucionalidad de Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos por razones de fondo o de forma y lo que limita y hace escaso desarrollo más allá de la revisión doctrinal.

Además, desde la sociología jurídica, vemos que nuestros textos Constitucionales han procurado mantener una separación de poderes, en tono de legitimación, entre el Órgano Legislativo y el Órgano Judicial2. No obstante, y como veremos a continuación, ante los vacíos del Texto Constitucional, la propia Corte Suprema de Justicia cautelosamente ha

1 Para consultar lo pertinente a la tipología de las Sentencias Constitucionales consultar Figueroa Mejía, G. A. (2022). Tipología y efectos de las Sentencias Constitucionales, Regionales y Supranacionales. Tomo II. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuperado de https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2023-03/Tipolog%C3%ADa%20y%20efectos%20de%20las%20sentencias_TOMO%20I_DIGIT AL%20%281%29.pdf

De los Efectos de la Sentencia de Inconstitucionalidad
1. Tiene el efecto de Cosa Juzgada Constitucional y ésta es de carácter material, absoluto y explícito. Acepciones jurisprudenciales.
Conforme al numeral 3 del artículo 206 de la Constitución Política de Panamá las “Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial….”.
Don Jorge Fábrega Ponce en su obra Estudios Procesales, definió que “la cosa juzgada significa que se ha examinado y decidido sobre la pretensión (el fondo del proceso) que dicha pretensión no puede ser objeto de discusión en un nuevo proceso, ni se puede dictar sentencia en un nuevo proceso que desconozca lo resuelto en el primero.”3 El artículo 694 señala que cosa juzgada se tramita mediante excepción y el artículo 693 señala que aún cuando no se haya alegado el Juez debe reconocerla. En este contexto, el Artículo 1030, señala que “…Producen efecto de cosa juzgada contra terceros, las sentencias dictadas: …En los procesos seguidos por acción de popular…”.
La Corte Suprema de Justicia, al referirse a la Cosa Juzgada constitucional, ha desarrollado una doctrina constitucional que con base a lo dispuesto ut- supra, no es posible un nuevo examen constitucional de asuntos que hayan sido materia de sentencias de fondo4.

3 FÁBREGA, Jorge. “Estudios Procesales”, Tomo II, Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1990, p. 789
4 Sentencia bajo la Ponencia del Magistrado José Ayú Prado de 16 de enero de 2019 mediante la que la Corte Suprema de Justicia que resuelve a Demanda de Inconstitucionalidad incoada por el licenciado RICARDO FULLER YERO contra el artículo 1 de la Resolución de Gabinete N°68 de veinte (20) de abril de dos mil once (2011) expedida por el Consejo de Gabinete «Que acuerda el nombramiento de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Sala Segunda de lo Penal» y el artículo 1 de la Resolución N°64 de 1° de julio de 2011 dictada por la Asamblea Nacional, que aprueba el nombramiento del licenciado HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ DE MENDOZA como Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, así como las Demandas de Inconstitucionalidad presentadas por los licenciados RICARDO FULLER YERO, ANTONIO ARIEL GUERRERO C., HOLANDA POLO FLORES, RONIEL ORTIZ ESPINOSA, MARÍA EDUARDA CÓRDOBA CHEN, RODNIE MENDEZ, DIÓGENES ROBOLT, ILEANA MARGOT VILLALOBOS BALLADARES y HUGO ARAÚZ contra esta última resolución

Conceptualmente, una sentencia estimatoria de inconstitucionalidad, no podría verse afectada por la denominada “relatividad de la cosa juzgada constitucional”, toda vez que ésta ha sido recocida para que en caso de sentencias estimatorias de la “constitucionalidad”, que se generen sentencias contradictoras que puedan afectar el principio de seguridad jurídica. Para estas, según GOZAÍNI, “…la cosa juzgada es formal y admite cuantos replanteos se formulen..”5y tal efecto la Corte Suprema de Justicia también ha ofrecido excepciones a dichos replanteos: 1. Que la inconstitucionalidad sobreviniente de una norma previamente revisada por la Corte Suprema de Justicia en sede constitucional devenga de cambios o reformas constitucionales. 2. Acciones planteadas por vicios de forma de una Ley o acto cuyo contenido material haya sido confrontado y declarado conforme al Texto de la Carta Magna y 3. Casos en que se examinen vicios de fondo totalmente distintos a los previamente establecidos6.

La más reciente doctrina nacional acoge, además, que la Sentencia estimatoria de Inconstitucionalidad que goza de cosa juzgada explícita (conforme lo dispone el numeral 3 del artículo 206 de la C.N), para la parte resolutiva o decisum, también puede tenerla de forma implícita para parte motiva o ratio decidendi7, pero “…sólo tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella…”  (el resaltado es nuestro).8

Recuperado de https://jurisis.procuraduria-admon.gob.pa/wp- content/uploads/2023/01/Inconstitucionalidad-contra-Resolucion-de-Gabinete-68-de- 2011.pdf
5 GOZAÍNI, OSVALDO ALFREDO. Sobre Sentencias Constitucionales y el efecto Erga Omnes; Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano (2008); Konrad Adenauer Stiftung; Editora Gisela Elsner; pág.179. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23486.pdf
6 Sent. Cit. 5.
7 Cfr. María Cristina Chen Stanziola, en su estudio jurídico «Las Sentencias Constitucionales, Contenidos, Límites y Alcances en Materia de protección de los Derechos Fundamentales» (Ediciones Nueva Jurídica, p. 111ss). Op. Cit. en el Salvamento de Voto de Abel A. Zamorano a la Sentencia de 4 de abril de 2016 que resolvió la Demanda de Inconstitucionalidad presentado por el Licdo. Silvio Quiñonez Córdoba, en su propio nombre y representación, para que se declaren inconstitucionales los artículos 488 numerales 2 y 3, artículo 489 artículo 491 y 491-a de la Ley 55 De 21 de septiembre de 2012, «Que modifica y adiciona artículos al Código Procesal Penal relativos a los procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional. Recuperado de http://bd.organojudicial.gob.pa/registro.html

En adición, por los tiempos que decurren también debemos señalar que la Corte Suprema de Justicia, abrió en la Sentencia de 21 de julio de 2009 para flexibilizar el carácter absoluto de la cosa juzgada constitucional de sentencias estimatorias de constitucionalidad. La Corte señaló que “…El respeto a la cosa juzgada, no nos debe llevar al extremo de negarle a la sociedad y al Estado de Derecho la labor de garantizar la supremacía de la Constitución. Aunado a que la adición de aspectos novedosos dentro del libelo, producen que no se cumpla a cabalidad con uno de los presupuestos para que se configure la cosa juzgada, por lo tanto, no puede afirmarse con vehemencia que en este caso no puede efectuarse una nueva revisión constitucional. Obviamente, dicha revisión no puede aceptarse de forma total, sino respecto a aquellos aspectos novedosos de la controversia. Con esto, se encontraría el punto intermedio entre el respeto a la cosa juzgada que brinda seguridad jurídica y la obligatoria tarea del tribunal constitucional de ser guardián de la constitucionalidad y por ende, depurar el derecho de normas inconstitucionales…”.9

2. Tiene Efectos legales en el tiempo, con acepciones determinadas por la Corte Suprema de Justicia.

Según lo dispone el artículo 2573: “… Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo…”.

A tal efecto, el párrafo final del literal 3 del artículo 206 de la Constitución  señala que  «las decisiones de la Corte en ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son

8 Cfr. Sentencia C-037/96 de 5 de febrero de 1996 de la Corte Constitucional de Colombia. Op. Cit en la Explicación de Voto de Adán Arnulfo Arjona a la Sentencia de 1 de septiembre de 2009 que resolvió la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el licenciado RIGOBERTO VERGARA en representación de ERNESTO GÓMEZ AMAYA, contra el numeral 4 del artículo 5 del Decreto 24 de 21 de agosto de 2003; el numeral 4 del artículo 257-B y el Artículo 815-A del Código de la Familia, por ser violatorios del Artículo 32 de la Constitución. Recuperado de http://bd.organojudicial.gob.pa/registro.html

9 Sentencia de 21 de julio de 2009 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que resolvió demanda de inconstitucionalidad contra el contra el artículo 233 del Código Electoral. Recuperado de http://bd.organojudicial.gob.pa/registro.html garantías constitucionales contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia o sus Salas…”. Resulta de interés que la obligación de publicar en la Gaceta Oficial los fallos de constitucionalidad se incluyó por primera vez en artículo 188 de la Constitución de 1941 10 . Esta obligación también fue desarrollada por el artículo 5 de la Ley No. 7 de 1941 así como en el artículo 55 de la Ley 46 de 1956 lo que suponía una referencia indirecta al efecto prospectivo de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en sede constitucional, sin embargo, lo relativo a la valoración legal directa de los efectos en el tiempo de la Sentencia de Estimación de Constitucionalidad o inconstitucionalidad, tiene sus antecedentes en el artículo 2612A de la Ley 18 de 1986, que dispuso por primera vez, el principio de irretroactividad.

     Esto significa, conforme lo indica Brewer Carias11, que siendo la decisión de la Corte Suprema Justicia de carácter constitutivo, la misma tiene efectos prospectivos, ex nunc o pro futuro, es decir, que no se remontan al momento de la promulgación de la ley o reglamento considerado inconstitucional e inexequible, de manera que las relaciones jurídicas consolidadas o cumplidas mientras estuvo en vigencia se consideran válidas y no pueden ser modificadas por la sentencia de inconstitucionalidad. En virtud de anterior, vale la pena hacer referencia a la distinción que ha realizado la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, entre la declaratoria de inconstitucionalidad y la derogación de una Ley. En Sentencia de 8 de junio de 1992, bajo la ponencia de Arturo Hoyos, se determinó que “…La Sala Tercera de esta Corte Suprema ha establecido muy claramente la distinción entre derogación e inconstitucionalidad en la sentencia de 8 de junio de 1992. En esta sentencia, la Sala afirmó que el fenómeno de la derogación de un reglamento o de una ley es distinto al de la inconstitucionalidad de los mismos. En el segundo caso cesa la vigencia

10 Como ha sido referido por diversos autores nacionales, la Constitución de 1904 no establecía un sistema de Control posterior de la constitucionalidad de las normas y los actos. Cfr. González Montenegro, R. y Rodríguez Robles, F. A OBJECIÓN DE INEXEQUIBILIDAD CONSTITUCIONAL EN PANAMÁ. ESTUDIOS DOCTRINALES. Núm. 5 (2001). Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Recuperado de https://recyt.fecyt.es/index.php/AIJC/article/view/50352

11Brewer Carias, A. El Sistema Panameño De Control Concentrado De La Constitucionalidad, En El Derecho Comparado. Ponencia presentada en las Segundas Jornadas de Derecho Procesal Jorge Fábrega P., celebradas en Panamá, los dias 30 de enero al 3 de febrero de 1.995. Recuperado de https://allanbrewercarias.net/Content/449725d9- f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/Content/I.1.513.pdf

de la ley por ser incompatible con una norma de jerarquía constitucional y la declaratoria de inconstitucionalidad produce la nulidad (ex nunc en Panamá) de la norma legal o reglamentaria, mientras que en la derogación ésta pierde su vigencia, en la concepción tradicional por un mero cambio de voluntad legislativa o ejecutiva, respectivamente, o en concepciones más modernas, en razón de la inagotabilidad de la potestad legislativa. La derogación procede, pues, de un juicio de oportunidad política y no de un juicio de validez normativa como lo es la declaratoria de inconstitucionalidad; y, por último, la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de un reglamento corresponde privativamente a la Corte Suprema, mientras que la derogación de una ley es realizada por otra ley, y, por lo tanto, puede y debe ser aplicada por cualquier juez…”. Es válido también incluir para beneficio de los lectores, lo indicado en dicha sentencia con relación a la ultraactividad de una ley derogada vs una ley declarada inconstitucional. A tal efecto, “…al ser derogada una ley puede ser aplicada en razón de su ultraactividad según lo previsto en los artículos 30, 31 y 32 del Código Civil, pero no ocurre así con una ley que ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, pues la norma inconstitucional «es nula y no puede ser aplicada por el juez aunque estuviese vigente al momento en que se produjo el hecho cuyos efectos ahora se determinan…”. Finalmente resulta oportuno señalar que, la sentencia de estimación de inconstitucionalidad, también tiene como efecto, según lo determine la corte caso a caso, la reviviscencia de leyes derogas, así se de manera expresa o táctica. Conforme la sentencia citada, “…Hay que destacar que la reviviscencia del texto legal derogado por inconstitucionalidad de la ley que lo derogó se produce tanto en el caso en que el texto original haya sido derogado expresa o tácitamente, o bien haya sido derogado total o parcialmente, ya que, como lo señala Diez-Picazo, la disposición derogatoria de un texto legal «conlleva la posibilidad de derogar, incluso, la más ínfima partícula textual de un artículo o un párrafo» (obra citada, página 117). Este autor cita el caso del Protocolo de Berlín de 6 de agosto de 1945, cuyo único objeto fue sustituir un punto y coma por una coma en el artículo sexto de la Carta del Tribunal Internacional Militar, lo que tuvo como efecto una considerable limitación de la jurisprudencia de ese tribunal. La Sala concluye, entonces, que al declarar el Pleno de la Corte que el Decreto Ley 21 de 1989 era inconstitucional mediante

la sentencia de 8 de mayo de 1992, recobraron vigencia a partir de esa sentencia los textos originales de los artículos 45 y 17 de la Ley 106 de 1973, reformada por la Ley 52 de 1984, textos que habían sido derogados parcialmente por el Decreto-Ley 21 de 1989. En la versión original, estas normas, sobre todo el numeral 17 del artículo 17, permitían al Consejo Municipal el nombramiento del abogado consultor del Municipio, razón por la cual el acto administrativo impugnado no las infringe…”.

No obstante lo anterior, conforme ha sido resaltado por la doctrina nacional12, a partir de 1990, las pronunciamientos de la Corte Suprema han presentado “distorsiones”, “modulaciones” o una suerte de “evolución” en sus las sentencias en el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad que suponen por una parte, que podemos encontrar en la jurisprudencia acepciones que permiten a la Corte alejarse de la estricta aplicación del precepto legal contenido el artículo 2573 del Código Judicial. A juicio de la Corte, esto aplicaría para la Nulidad Constitucional de carácter absoluto de Actos Jurisdiccionales (salvo fallos del Pleno y de las Salas de la Corte Suprema de Justicia)13, así como también,