Reformas a la Constitución de 1946

El origen de esta modalidad está en que el artículo 137 de la Constitución de 1904 estableció que la reforma se adoptaba mediante “actos legislativos” aprobados en la forma “legal”. Es decir, la teoría del acto legislativo como acto del Poder Legislativo hacía de estos una especie de los actos del Estado, pero el género respecto de la diversidad de actos emitidos por la cámara. En ese sentido, dado que la Constitución estableció la forma “legal” para aprobar la reforma constitucional, era razonable identificar estas como leyes que aprobaban reformas constitucionales.

Tiene la particularidad de ser la primera reforma constitucional de la República independiente, y la misma fue aprobada –en un primer lugar- por la misma Convención Nacional Constituyente en funciones legislativas.

Desde el punto de vista de la forma, llama la atención que se haya entendido derogado el artículo de la Constitución de 1904 que estipulaba la pena de muerte para los homicidios atroces (artículo 139) y subrogado el artículo que expone la forma de integrar la Asamblea Nacional (artículo 53) el que sólo había sido afectado, y no expresamente, por una disposición transitoria (artículo 4 del Acto Legislativo ratificado).

Conviene reconocer que la reforma aprobada en primer lugar contempló también otras reformas que fueron originalmente desestimadas.

También se elimina el efecto de la aceptación de empleos de Gobierno por Magistrados en ejercicio de su cargo (dejará vacante su puesto) y se le reemplaza por la prohibición de ser nombrado, al tiempo que se establecen otra incompatibilidades: no podrán los Magistrados celebrar contratos con entidades oficiales, por sí o ni por medio de interpuesta persona, ni ejercer el comercio.

La reforma del artículo 91 va acompañada de un parágrafo transitorio, referido a la designación de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia a partir de la entrada en vigor de la nueva disposición, que hace progresiva la adopción del mandato de los diez años, de forma que el primer nombrado durará en su cargo dos años, el segundo cuatro años, el tercero seis años, el cuarto ocho años y el quinto, diez años.

Se trata de un mejoramiento de la fórmula jurídica para restringir el pago de indemnizaciones a su previa declaración judicial. Las restantes prohibiciones ya aparecen tal cual en el artículo 68 original.

Resalta la técnica empleada de establecer una reforma de un artículo extenso a partir de su íntegra subrogación, repitiendo los elementos inalterados.